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Regulación del trabajo a distancia. Aplicable a los que lo realicen al menos el 30% de la jornada

Mediante publicación del Real Decreto-ley 28/2020 en el BOE de ayer 23 de septiembre se regula el trabajo a distancia. Dicha regulación es de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.

En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del 50% de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos.

Con este objetivo se definen en dicha norma distintos conceptos usados comúnmente, pero con significados distintos, así se entenderá por:

  • Trabajo a distancia: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
  • Teletrabajo: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
  • Trabajo presencial: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

Las principales características del trabajo a distancia regulado en el Real Decreto-ley son las siguientes:

 

Acuerdo de trabajo a distancia

  • El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma de un acuerdo por escrito de las condiciones del mismo
  • La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y la persona trabajadora
  • La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas trabajadoras una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, excepto los datos que puedan afectar a la intimidad personal. Esta copia se entregará por la empresa, en un plazo no superior a diez días desde su formalización, a la representación legal de las personas trabajadoras, que la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega. Posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina de empleo. Cuando no exista representación legal de las personas trabajadoras también deberá formalizarse copia básica y remitirse a la oficina de empleo.

 

  • El acuerdo deberá contener:
  1. Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos
  2. Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación
  3. Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad
  4. Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia
  5. Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial
  6. Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.
  7. Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.
  8. Medios de control empresarial de la actividad.
  9. Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.
  10. Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos y seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
  11. Duración del acuerdo de trabajo a distancia
  • Las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral durante la totalidad de su jornada, tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial.

 

Derechos de las personas trabajadoras a distancia

En resumen, las personas trabajadoras en esta situación tendrán los mimos derechos que las personas, y de manera destacada a los siguientes:

  • Derecho a la formación

La empresa deberá garantizar a las personas que trabajan a distancia la formación necesaria para el adecuado desarrollo de su actividad tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas

  • Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas

Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario incorporado en el acuerdo.

Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo.

  • Derecho al abono y compensación de gastos

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

  • Derecho al horario flexible en los términos del acuerdo

De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido

  • Derecho al registro horario adecuado

El sistema de registro horario de conformidad con lo establecido en la negociación colectiva, deberá reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada

  • Derecho a la prevención de riesgos laborales

La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

La evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación de servicios, no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a distancia.

La empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona que trabaja a distancia mediante una metodología que ofrezca confianza respecto de sus resultados, y prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en cada caso.

Cuando la obtención de dicha información exigiera la visita por parte de quien tuviera competencias en materia preventiva al lugar en el que, conforme a lo recogido en el acuerdo, se desarrolla el trabajo a distancia, deberá emitirse informe escrito que justifique dicho extremo que se entregará a la persona trabajadora y a las delegadas y delegados de prevención.

La referida visita requerirá, en cualquier caso, el permiso de la persona trabajadora, de tratarse de su domicilio o del de una tercera persona física.

De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad preventiva por parte de la empresa podrá efectuarse en base a la determinación de los riesgos que se derive de la información recabada de la persona trabajadora según las instrucciones del servicio de prevención

  • Derecho a la intimidad y a la protección de datos

La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.

La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.

Las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos legal y constitucionalmente. En su elaboración deberá participar la representación legal de las personas trabajadoras.

  • Derecho a la desconexión digital

Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo.

El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables.

 

Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia

  • Protección de datos y seguridad de la información

Las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, deberán cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislación sobre protección de datos, previa participación de la representación legal de las personas trabajadoras.

Las personas trabajadoras deberán cumplir las instrucciones sobre seguridad de la información específicamente fijadas por la empresa, previa información a su representación legal, en el ámbito del trabajo a distancia

  • Condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos o útiles informáticos

Las personas trabajadoras deberán cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en la empresa en relación con los equipos o útiles informáticos, dentro de los términos que, en su caso, se establezcan en la negociación colectiva

  • Facultades de control empresarial.

La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad

 

Vigència

  • La normativa del Trabajo a distancia entra en vigor a partir del 13 de octubre de 2020, con las siguientes particularidades:
  • Esta normativa de trabajo a distancia será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia.
  • En caso de que los convenios o acuerdos referidos en el apartado anterior no prevean un plazo de duración, esta norma resultará de aplicación íntegramente una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE, salvo que las partes firmantes de estos acuerden expresamente un plazo superior, que como máximo podrá ser de tres años.
  • En ningún caso la aplicación de este real decreto-ley podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen con carácter previo sus servicios a distancia que se reflejarán en el acuerdo de trabajo a distancia.
  • El acuerdo de trabajo a distancia deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde que el presente real decreto-ley resulte de aplicación a la relación laboral concreta. En idéntico plazo deberán efectuarse adaptaciones o modificaciones de los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a la fecha de publicación de este real decreto-ley, no derivados de convenios o acuerdos colectivos.
  • Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria.

 

En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

Para cualquier aclaración o ampliación de información no duden en contactar con nosotros, en caso de desear implantar el trabajo a distancia se deberá valorar los pros y contras en cada caso concreto.

 

Prórroga de la prohibición de los encuentros de más de 10 personas

La Generalitat ha prorrogado durante 15 días más, hasta el 26 de setiembre, la prohibición de las reuniones o encuentros de más de 10 personas. Esta restricción afecta tanto al ámbito privado como público.

Esta limitación es igualmente aplicable a las mesas ubicadas en terrazas, restaurantes y bares, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de estas.

No se consideran incluidas en esta prohibición:

  • Actividades laborales.
  • Actividades de culto.
  • Actos religiosos como bodas, servicios religiosos, celebraciones y ceremonias fúnebres.
  • Medios de transporte público.

Tampoco están incluidas (siempre que se cumplan las indicaciones de los planes sectoriales aprobados por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT):

  • Actividades culturales, de artes escénicas y musicales, cine o exposiciones tanto en recintos estables, como en teatros, cines, carpas de circo o similares.
  • Las bibliotecas, archivos, museos y monumentos.
  • Actividades lúdicas, recreativas y la apertura al público de equipamientos deportivos, como piscinas descubiertas, parques de atracciones y parques infantiles, actividades deportivas, como gimnasios e instalaciones.

Esta limitación no es aplicable al derecho de manifestación, el cual se podrá ejercer en las condiciones que determine la autoridad competente, y sin perjuicio del cumplimiento de las limitaciones establecidas con carácter general para las autoridades sanitarias en los espacios públicos.

 

Fuente GENCAT

Deducción por donativos, donaciones y aportaciones a entidades sin finalidades lucrativas que les sea de aplicación la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.

Se aumentan las deducciones aplicables a entidades sin finalidades lucrativas que les sea aplicable la Ley 49/2002. Se aplican porcentajes diferentes dependiendo de la forma jurídica de quien hace la aportación, del importe de la misma y del mantenimientos en el tiempo.

 

2015 2016
en adelante
01/01/2020
en adelante
Personas jurídicas (SA, SL, etc.)
Norma general 35,00% 35,00% 35,00%
Si 2 años anteriores se hubiesen hecho donativos a una misma entidad por importes iguales o superiores, en cada uno de ellos al del ejercicio anterior 37,50% 40,00% 40,00%
Persones físicas (i CB, SCP, etc.)
Hasta 150€ 50,00% 75,00% 80,00%
Exceso de 150€ si 2 años anteriores se hubiesen hecho donativos a una misma entidad por importes iguales o superiores, en cada uno ellos al del ejercicio anterior. 32,50% 35,00% 40,00%
Exceso si no se cumple lo anterior 27,50% 30,00% 35,00%

 

Declaración de Renta y Patrimonio

Por norma general, el 30 de junio finaliza el plazo para presentar la declaración de renta y patrimonio, en caso de que se esté obligado a hacerlas, a no ser que este se un día inhábil, en este caso pasaría al primer día hábil siguiente, como es el caso de este año que pasa a finalizar el día 1 de julio.

 

Obligados a hacer la declaración de Renta.

Están obligados a declarar todos los contribuyentes personas físicas residentes en España, excepto los que hayan percibido, exclusivamente, rentas procedentes de:

Rendimientos del trabajo personal.

  1. Iguales o inferiores a 22.000 euros anuales:
    • Siempre que procedan de un solo pagador.
    • Cuando haya diversos pagadores, siempre que la suma del segundo y posteriores por orden de cuantía no superen en conjunto la cantidad de de 1.500 euros.
    • Cuando los únicos rendimientos del trabajo consistan en prestaciones pasivas (pensiones de la Seguridad Social y de clases pasivas, prestaciones de planes de pensiones, seguros colectivos, mutualidades de previsión social empresarial, Planes de previsión asegurados y prestaciones de seguros de dependencia), siempre que la determinación del tipo de retención aplicable se haya realizado de acuerdo con el procedimiento especial reglamentariamente establecido.
  2. El límite se fija en 14.000 euros anuales en los siguientes supuestos:
    • Cuando los rendimientos del trabajo provienen de más de un pagador y la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes por orden de cuantía superen la cantidad de 1.500 euros anuales.
    • Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentos.
    • Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener.
    • Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. Tienen esta consideración el tipo de retención del 35 por ciento o del 19 por ciento (cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros) aplicable a las retribuciones percibidas por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces y otros miembros de otros órganos representativos, así como el tipo de retención del 15 per 100 aplicable a los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.

Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención de ingresos a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

Se excluye del límite conjunto de 1.600 euros anuales a las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención no proceda determinarla para la cuantía a integrar en la base imponible. Cuando la base de retención no se haya determinado en función de la cuantía a integrar en la base imponible, la ganancia patrimonial obtenida procedente de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva no se podrá computar como ganancia patrimonial sometida a retención o ingreso en cuenta al efecto de los límites, excluyendo la obligación de declarar.

Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del tesoro y subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado u otras ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con límite conjunto de 1.000 euros anuales.

No deberán de presentar declaración en ningún caso los que obtengan rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, o ganancias patrimoniales que conjuntamente no superen los 1.000 euros ni los que hayan tenido, exclusivamente, pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

No obstante, aunque no estén obligados a declarar, todos los contribuyentes que tengan derecho a recibir una devolución han de confirmar el borrador o presentar la declaración para obtener su devolución.

Los límites anteriores son aplicables tanto en tributación individual como conjunta.

Están obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que perciban cualquier otro tipo de rentas diferentes de las anteriores o superen los importes máximos indicados.

 

Obligados a hacer la declaración de Patrimonio.

Están obligados a presentar declaración para el impuesto sobre el patrimonio los sujetos pasivos (personas físicas por obligación personal o real) en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  1. Su cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de este impuesto, y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan, resulte a ingresar. A efectos de la aplicación de este límite se ha de tener en cuenta que si la base imponible, determinada según las normas del impuesto, es igual o inferior al mínimos exento establecido, bien con carácter general en 700.000 euros, bien en el importe que en ejercicio de sus competencias normativas sobre el citado mínimo exento han aprobado las Comunidades Autónomas para sus residentes, no existirá obligación de declarar. En Catalunya el mínimo exento se ha establecido en 500.00€.
  2. Cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros. A efectos de la aplicación de este segundo límite, se deberán de tener en cuenta todos los bienes y derechos del sujeto pasivo, estén o no exentos del impuesto, computados sin considerar las cargas y gravámenes que disminuyan el valor de los mismos, ni tampoco las deudas u obligaciones personales de las cuales tenga que responder el sujeto pasivo.

Las personas que hayan causado defunción durante el año en cualquier día anterior al 31 de diciembre, no tienen obligación de declarar por este impuesto.

 

COVID-19. Medidas extraordinarias III. Medidas económicas para empresas o autónomos, trabajadores y particulares.

Como tercera batería de medidas para paliar los efectos de COVID-19 o Coronavirus, ayer 18 de marzo se publicaron una serie de medidas para hacer frente al impacto económico y social que el virus está provocando. En particular esta tercera batería se centra en las opciones que dan a empresas, autónomos y personas para hacer frente, por otra parte, se ha hecho alguna corrección y aclaración en las medidas aprobadas con la declaración del Estado de Alarma. Las medidas de este Real-Decreto tienen una vigencia desde el 18 de marzo hasta el 18 de abril.

 

Índice.

 

Medidas para trabajadores y empresas, ya sean estas sociedades o autónomos.

  • Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos.
  1. Procedimientos de suspensión contratos y reducción jornada por fuerza mayor.
  2. Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.
  3. Afectación de los ERTE para los trabajadores.
  • Trabajo a distancia.
  • Adaptación del horario y reducción de jornada.

 

Medidas específicas para autónomos.

  • Prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos.
  • Ayuda de la Generalitat de Catalunya a los autónomos domiciliados en Cataluña

 

Medidas para particulares.

  • Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
  • Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.
  • Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha y en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones.

 

Otras medidas.

  • Suspensión plazos con la Administración Tributaria y la Seguridad Social.
  • Suspensión de los plazos de presentación e ingreso de tributos de la Generalitat de Catalunya y de los tributos cedidos.
  • Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas.
  • Corrección de los locales y establecimientos minoristas abiertos al público.
  • Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

 

Medidas para trabajadores y empresas, ya sean estas sociedades o autónomos.

Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos.

  • Procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor  

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

Se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

  1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.
  2. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
  3. La resolución se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud.

La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.

  • Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.
  1. En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa. En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días (en situación normal 15 días).
  2. El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de 7 días (en situación normal 15 días).
  3. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días.

No se les aplicarán las especialidades previstas en los puntos anteriores a los expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las causas previstas en el mismo.En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades:

  • Afectación de los ERTE para los trabajadores 

En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo ya sea por causa de fuerza mayor o por causa económica, técnica, organizativa y de producción, el Servicio Público de Empleo Estatal adoptarán las siguientes medidas respecto a los trabajadores para pagarles su parte de la prestación por desempleo:

  1. El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello de 180 días.
  2. No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
  3. En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración. La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo. La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.
  4. Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa.

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad

 

 Trabajo a distancia.

Las medidas establecidas en todo el real decreto tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria. se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

 

Adaptación del horario y reducción de jornada. 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19

  1. Sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas en el párrafo anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19.
  2. Asimismo, se considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.
  3. También se considerará que concurren circunstancias excepcionales que requieren la presencia de la persona trabajadora, cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.

Las personas trabajadoras que opten por una reducción especial de la jornada de trabajo tendrán la reducción proporcional de su salario.

 

Medidas específicas para autónomos.

  • Prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos. 

Con carácter excepcional desde el 14 de marzo hasta el 14 de abril o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto de aprobación del Estado de Alarma o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  1. Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
  2. En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
  3. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.  

Según la Seguridad Social mediante publicación realizada en su web, “Esta prestación va más allá. La prestación consiste en que quien cause derecho a la misma no sólo la cobrará, sino que además no pagará las cotizaciones y se considerará que ha cotizado.”

La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, que será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización es decir 661.08€.

La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes.El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos.

  • Ayuda de la Generalitat de Catalunya a los autónomos domiciliados en Cataluña.   

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha puesto en marcha una ayuda, en forma de prestación económica, de hasta 2.000 euros para las personas trabajadoras autónomas, persona física, que acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación como consecuencia de los efectos del coronavirus en su actividad económica, y siempre que figuren de alta en actividades de las que las autoridades sanitarias han decretado el cierre y no dispongan de otras fuentes alternativas de ingresos.

Para acceder a esta ayuda, las personas trabajadoras autónomas deberán estar dadas de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA), y con domicilio fiscal en Cataluña.

El acceso a la ayuda se logra mediante la acreditación de pérdidas económicas en el mes de marzo de 2020 en comparación con el mismo mes de marzo de 2019. En el caso de las personas trabajadoras autónomas con una antigüedad en el RETA inferior a un año, la comparación se hará con la media de la facturación mensual desde el alta en el RETA.

El Departamento otorgará esta ayuda por el procedimiento de concurrencia competitiva hasta el agotamiento de la partida presupuestaria que se destine, y será incompatible con cualquier otra ayuda destinada a la misma finalidad.

La ayuda se podrá solicitar a partir del 1 de abril de 2020, ya que para acreditar las pérdidas económicas se compararán los ingresos de marzo de 2020 con los de marzo de 2019 y, por tanto, hay que esperar a fin de mes.

La ayuda se solicitará telemáticamente, están pendientes de publicación las instrucciones e instancia de solicitud de la misma.

Está dirigido a las personas trabajadoras autónomas persona física inscritas en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social. No está dirigido a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles, cooperativas o sociedades laborales, trabajadores autónomos colaboradores, miembros de órganos de administración de sociedades, así como familiares de socios y religiosos.

 

Medidas para particulares.

  • Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerablesHasta 18 de abril de 2020, los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.
  • Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual. Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19. Se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en unos supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el decreto aprobado. Los deudores considerados podrán solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del presente real decreto-ley, es decir el 18 de abril, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual.
  • Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha y en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones.El Gobierno impone a las empresas suministradores de dichos servicios a mantener los mismos.

 

Otras medidas.

  • Suspensión plazos con la Administración Tributaria y la Seguridad Social.Se aclara que la suspensión de plazos que se decretaba con el Estado de Alarma, no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Por otro lado, tampoco será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
  • Suspensión de los plazos de presentación e ingreso de tributos de la Generalitat de Catalunya y de los tributos cedidos. Se establece la suspensión de la presentación de autoliquidaciones y pago de los mencionados tributos hasta que se deje sin efecto el estado de alarma establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, papel que es declara el Estado de alarma por la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
  • Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas.
  1. Las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. Los acuerdos podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano
  2. El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
  3. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  4. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.
  • Corrección de los locales y establecimientos minoristas abiertos al público.

Se elimina de la relación de los establecimientos exceptuados de suspender la apertura a las peluquerías, sustituyéndolo por el ejercicio profesional de dicha actividad a domicili.

  • Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.

Todas las medidas anteriores podrán y en algunos casos deberán ser desarrolladas por otras disposiciones de menor rango que entendemos que irán apareciendo en los próximos días. Para cualquier aclaración no duden en contactar con nosotros.

 

Medidas extraordinarias II.

Como segunda batería de medidas para paliar el efecto del COVID-19 o Coronavirus, el sábado 14 de marzo se declaró el estado de alarma, la duración del mismo se fija inicialmente en 15 días desde el día de su publicación, que es el máximo que fija la normativa. Este estado se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados. El domingo se aprobaron diferentes ordenes que puntualizaban algún aspecto de este real decreto.

Se esperaba que el decreto aprobado tuviera medidas económicas específicas para levantar determinadas incertidumbres sobre todo de ámbito laboral, pero no ha sido así. Se prevé que, durante esta semana, probablemente martes, se aprueben. Estaremos atentos a las mismas.

Pese a ello, el Real Decreto por el que se aprueba el estado de alarma, establece medidas que tienen unas claras consecuencias económicas y de empresa, en concreto:

 

  • Limitación de la libertad de circulación de las personas. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

  1. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
  2. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  3. Desplazamiento al puesto de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
  4. Retorno al lugar de residencia habitual.
  5. Asistencia y cura a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  6. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
  7. A causa de fuerza mayor o situación de necesidad
  8. Cualquier otra actividad de naturaleza análoga que tendrá que hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el abastecimiento en gasolineras o estaciones de servicio.

 

  • Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración y otros adicionales.

Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, teléfono o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que por la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

La permanencia en los establecimientos comerciales anteriores será la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios dispositivos.

En todo caso, se evitarán las aglomeraciones y se controlará que los consumidores y empleados mantengan una distancia de seguridad de al menos un metro para evitar posibles contagios.

Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los lugares y espacios en los acontecimientos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo de este Real Decreto.

Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio. Se suspenden específicamente las verbenas, desfiles y fiestas populares.

 

  • Medidas en materia de transportes.

En relación con todos los medios de transporte, cualquiera que sea la Administración competente sobre los mismos, se aplicará lo siguiente:

  1. En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50%.
  2. Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que estén sometidos a contrato público o OSP, o sean de titularidad pública, mantienen su oferta de transporte.
  3. Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios.

Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán modificar estos porcentajes y establecer condiciones específicas al respeto. En esta resolución se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.

En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad.

Los sistemas de venta de billetes “on-line” tienen que incluir durante el proceso de venta de los billetes un mensaje lo suficientemente visible en que se desaconseje viajar excepto por razones inaplazables. Por orden del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán establecer las características y contenido de este anuncio. En aquellos servicios en que el billete otorga una plaza de asiento o cabina, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros.

Los operadores de transporte llevarán a cabo los ajustes necesarios para cumplir con los porcentajes establecidos en este artículo de la forma lo más homogéneamente posible entre los diferentes servicios que prestan y podrán plantear al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana todas las cuestiones que requieran interpretación o aclaración .Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de los porcentajes establecidos desde el primer día, se tiene que llevar a cabo el ajuste más rápido posible de los servicios, que no podrá durar más de cinco días.

Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, a fin de garantizar el abastecimiento.

Los establecimientos de suministro de combustible que dispongan servicios de limpieza tienen que facilitar su uso a los conductores profesionales. Así mismo, los centros de carga y descarga que cuenten con este tipo de instalaciones, tienen que facilitar en lo posible su uso a los conductores profesionales que realicen operaciones en ellos.

Las medidas que se puedan exigir a los conductores para el acceso a este tipo de instalaciones seguirán los criterios e instrucciones de prevención que a todos los efectos establezca el Ministerio de Sanidad, o las que este órgano pudiera establecer específicamente en este ámbito. Así mismo, a fin de posibilitar los descansos adecuados en cumplimiento de la normativa de tiempo de conducción y descanso, que son imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de transporte, aquellos establecimientos que dispongan de cocina, servicios de restauración, o expendedores de comida preparada, tienen que facilitar al transportista profesional un servicio de catering.

 

  • Tráfico aduanero.

 Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el tráfico aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados en puertos o aeropuertos. En lo referente a esto se atenderá de manera prioritaria los productos que sean de primera necesidad.

  • Suspensión de plazos procesales y administrativos y de prescripción y caducidad.

  1. Se suspenden los términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se retomará en el momento en que pierda vigencia el presente estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo. Se exceptúan de este hecho determinados procedimientos penales y otros muy concretos, entre los que habría que destacar procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
  2. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades de sector público. El cómputo de los plazos se retomará en el momento en que pierda vigencia el presente estado de alarma o, en su caso, las prórrogas de la misma. Por sector público se entiende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional que está integrado por cualesquier organismo público y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, así como las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas y las universidades públicas.
  3. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquier acción y derecho quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, si procede, de las prórrogas que se adopten.
  4. Paralelamente la Agencia Tributaria ya ha colgado una comunicación en su web que indica.

“Las Oficinas de la AEAT estarán TEMPORALMENTE CERRADAS PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL debido al estado de alarma declarado mediante RD 463/2020, cuya Disposición Adicional Tercera establece la SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS.

No se preocupe si tiene algún trámite pendiente.

La Agencia Tributaria es consciente de esta situación.

Además, se está tramitando una norma legal tributaria como la ampliación de los plazos para realizar trámites.

Si tiene cita pendiente, podrá obtener más adelante una nueva cite”.

 

Modificaciones en las Comunidades de Vecinos: reformas por accesibilidad y limitaciones viviendas uso turístico

Se introducen modificaciones en el régimen de propiedad horizontal con el fin de impulsar la realización de obras de mejora de la accesibilidad. En primer lugar, se incrementa hasta el 10% del último presupuesto ordinario la cuantía del fondo de reserva de las comunidades de propietarios y se establece la posibilidad de que estos recursos se destinen a la realización de las obras obligatorias de accesibilidad. En segundo lugar, se extiende la obligación de realizar estas obras de accesibilidad en aquellos supuestos en que las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso asumen el 75% del importe de las mismas.

En materia de vivienda de uso turístico, también se recoge una reforma del régimen de propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada necesaria para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda, en el marco de la normativa sectorial que regule el ejercicio de esta actividad y del régimen de usos establecido para los instrumentos de ordenación urbanística y territorial.

 

Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Ha salido publicado el Real Decreto que aprueba Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. La disposición introduce la reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de viviendas, a través de diferentes modificaciones entre las cuales destaca la extensión de los plazos de la prorroga obligatoria y la prorroga tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda. Se recuperan los plazos establecidos con anterioridad a la reforma liberalizadora operada el 2013. De esta manera, se establece en cinco años el periodo de prorroga obligatoria, excepto en el caso de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que se fija un plazo de siete años, respondiendo así a las diferencias que tanto des del punto de vista del tratamientos fiscal , como de la realidad y características de la relación de arrendamiento y del desarrollo de la actividad, pueden existir en la práctica. Por lo que hace a la prorroga tácita, se establece que, llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de la prorrogas, y una vez transcurrido el periodo de prorroga obligatoria, si no hay comunicación de alguna de las partes en que se establece la voluntad de renovarlo, se prorrogará el contrato durante tres años más.

Además, se establecen modificaciones que inciden en el momento de la suscripción de los contratos de arriendo. Por un lado, se fijan en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigir al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que se trate de contratos de larga duración. Y, por otro lado, se establece por ley que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica, exceptuando aquellos servicios que hayan estado  contratados por iniciativa directa del arrendatario.

Para cualquier aclaración no duden en contactar con nosotros.

Estas medidas han quedado derogados con efectos a partir del 25 de enero de 2019.

Post revisado el 25/01/2019

Solicitud devolución del IRPF correspondiente a las prestaciones por maternidad y paternidad.

Según indica la AEAT en un comunicado, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 fija como doctrina legal que “Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

La Dirección General de Tributos interpreta que esta doctrina es igualmente aplicable a las prestaciones por paternidad percibidas de la Seguridad Social.

En la aplicación de esta doctrina se pueden distinguir los siguientes supuestos:

  1. Prestaciones percibidas o que se perciben durante el año 2018:

En la próxima campaña de la renta de los contribuyentes nada más deberán confeccionar y presentar sus declaraciones utilizando los datos fiscales de que les ofrecen.

Después del conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha dejado de practicar retenciones sobre las prestaciones abonadas, por tratarse de rentas exentas.

  1. Prestaciones percibidas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Los contribuyentes podrán solicitar la rectificación de las declaraciones de IRPF en las que hubiesen incluido estas rentas.

Si las rentas fuesen percibidas en más de un año, deberán de solicitar la rectificación de la declaración de IRPF de cada año.

Se ha habilitado un formulario específico para facilitar la solicitud de los años 2014 y 2015, en el cual la persona perceptora de la prestación deberá de indicar en cuales de estos años ha percibido la prestación y un número de cuenta bancaria de su titularidad, donde se abonará la devolución que sea procedente.

En enero de 2019 estará disponible el formulario que permitirá solicitar la rectificación de las declaraciones de los años 2016 y 2017.

Si desean que les ayudemos en la presentación de este formulario, nada más se han de poner en contacto con Contem Assessors.

Fuente AEAT

Reclamación para solicitar la devolución del IRPF correspondiente a las prestaciones por maternidad..

El Tribunal Supremo en sentencia de 3 de octubre de 2018, ha considerado que las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social están exentas en virtud del artículo 7.h) de la LIRPF.

Consideramos que, en general, las madres que hayan tributado en su declaración de Renta por estas prestaciones, de 2014 a 2017, ambos incluidos, pueden solicitar la rectificación de la autoliquidación o autoliquidaciones y obtener la correspondiente devolución de ingresos  indebidos y , así mismo, los intereses de demora.

El plazo para solicitar la de 2014 expiraría el 30 de junio de 2019. No podrán solicitar la devolución las que tengan liquidaciones firmes.

Por lo que hace a la forma de solicitar la rectificación de las autoliquidaciones, en general será mediante escrito a la AEAT y, respecto al IRPF de 2016 y 2017, se podrá hacer en la misma Renta web en la pagina de la AEAT.

Si desean que les ayudemos a pedir estas devoluciones, no duden en ponerse en contacto con Contem assessors.