Creación y crecimiento de empresas

Todas las empresas deberán expedir factura electrónica

En España las pymes (según normativa europea se considera pyme a aquellas empresas que ocupan menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no supera los 50 millones de euros o su balance general no excede de 43 millones de euros) y los trabajadores autónomos constituyen más del 99 % del tejido productivo en términos de número, representan algo más del 61 % del Valor Añadido Bruto y el 64 % del empleo. Las microempresas, entendidas como empresas de menos de 10 trabajadores, representan en torno al 94 % del total de empresas y, del total de microempresas, el 59 % son autónomos sin asalariados.

El pasado jueves se publicó la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, que según su exposición de motivos va dirigida a agilizar la creación de empresas, mejorar la regulación para el desarrollo de actividades económicas, reducir la morosidad comercial y facilitar el acceso a financiación.

Las principales medidas de esta norma son la siguientes:

  1. Medidas para la lucha contra la morosidad comercial
  • La ley considera que la factura electrónica es un instrumento útil para reducir los costes de transacción del tráfico mercantil y puede servir, además, para facilitar el acceso a la información sobre los plazos de pago entre empresas.

Por este motivo se impulsa la adopción generalizada de la factura electrónica, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales.

Se remite a desarrollar reglamentariamente antes de 31 de marzo de 2023 los requisitos de interoperabilidad mínima entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas, los requisitos técnicos y de información que deberá incluir la factura electrónica y los sistemas que la procesan para poder controlar la fecha de pago y determinar los periodos medios de pago de las empresas.

Las empresas de menor tamaño contarán con un periodo transitorio de 2 años desde la aprobación de su desarrollo reglamentario para la implementación de la factura electrónica obligatoria, mientras que las grandes empresas, aquellas cuya facturación anual sea superior a 8 millones de euros, deberán adaptarse al año de aprobarse el desarrollo reglamentario.

  • Incorporación de incentivos para el cumplimiento de los plazos de pago tanto a través de su configuración como criterio de acceso a las subvenciones públicas, como mediante el refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.

Se creará un observatorio de la morosidad en 6 meses cuya una de sus tareas será:

Publicación anual de un listado de empresas que hayan incumplido los plazos de pago conforme a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales u otra normativa sectorial de aplicación, y en las que, como mínimo, concurran las siguientes circunstancias:

    • Que a 31 de diciembre del año anterior el importe total de facturas impagadas dentro del plazo establecido por la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales o la normativa sectorial que sea de aplicación supere el importe de 600.000 euros;
    • Que el porcentaje de facturas pagadas por la empresa durante el ejercicio anterior en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad sobre el total de pagos a proveedores sea inferior al noventa por ciento; y
    • Que se trate de sociedades con personalidad jurídica que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

  

  1. Medidas para agilizar la creación de empresas.
  • Eliminación de la exigencia de 3.000 euros de capital social mínimo, fijándolo en 1 euro.

Mientras el capital de las sociedades de responsabilidad limitada no alcance la cifra de 3.000 euros, se aplicarán las siguientes reglas:

    • Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20% del beneficio hasta que dicha reserva junto con el capital social alcance el importe de 3.000 euros.
    • En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito
    • Se busca la eliminación de obstáculos para los operadores económicos ampliando el catálogo de actividades exentas de licencia.

En el 2012 se estableció la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectaban al inicio y ejercicio de determinadas actividades comerciales, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas, siempre que dichas actividades fueran realizadas a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados.

Mediante la presente ley se añaden las siguientes actividades a la lista anterior:

Grupo 857. Alquiler de aparatos de medida.

Grupo 922. Servicios de limpieza.

Epígrafe 843.3 Servicios técnicos de prospecciones y estudios geológicos.

Epígrafe 843.4 Servicios técnicos de topografía.

Grupo 846. Empresas de estudios de mercado.

Grupo 847. Servicios integrales de correos y telecomunicaciones.

Epígrafe 849.4 Servicios de custodia, seguridad y protección.

Epígrafe 849.5 Servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de correspondencia.

Epígrafe 849.6 Servicios de colocación y suministro de personal.

Epígrafe 849.8 Multiservicios intensivos en personal.

Epígrafe 849.9 Otros servicios independientes, NCOP.

 

  1. Medidas para mejorar algunas de las vías de financiación para promover el crecimiento empresarial
  • Se establece un nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa. Estas plataformas (también conocidas como «plataformas de crowdfunding») son empresas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación con otras personas físicas o jurídicas que la solicitan en nombre propio para destinarlo a un proyecto concreto.
  • Se introduce un conjunto de reformas que buscan impulsar y mejorar la inversión colectiva y el capital riesgo, un sector que, según la exposición de motivos de la ley, en los últimos dos años ha vivido una notable aceleración y dinamización, y cuyo correcto funcionamiento beneficia al conjunto de la actividad económica y que tiene que ir necesariamente unido a la protección del inversor, en concreto del inversor particular

Para cualquier aclaración al respecto no duden en contactar con nosotros.

Ayudas, bonificaciones e incentivos al emprendedor

Existen diversas ayudas a todas aquellas personas que deseen iniciar un proyecto empresarial. Podríamos destacar, entre otros, los siguientes:

  • Reducciones y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.La cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubiesen estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar des de la data de efectos del alta, en el RETA, consistirá en una cuota única mensual de 60€, que comprenderá tanto las contingencias comunes como las contingencias profesionales, quedando estos trabajadores exentos de cotizar por cese de actividad y por formación profesional. Ver post “Bonificaciones cotización Seguridad Social nuevos autónomos”.
  • Capitalización de las prestaciones por desocupación para fomentar el trabajo autónomo. Los beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituir-se cómo trabajadores autónomos, podrán capitalizar su prestación a este efecto. El abono de la prestación se realizará de una sola vez por el importe que corresponda a la inversión necesaria para el desarrollo de la actividad por cuenta propia, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, o bien, la entidad gestora podrá abonar mensualmente el importe de la prestación por desocupación de nivel contributivo por subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad Social.
  • Compatibilización de la percepción de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia. Los titulares del derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo, por haber cesado con carácter total y definitivo su actividad laboral, que causen alta como trabajadores por cuenta propia con alguno de los regímenes de la Seguridad Social, podrán compatibilizar la percepción mensual de la prestación que les corresponda con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días o por el tiempo inferior pendiente de percibir, siempre que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar des de la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia, sin perjuicio que el derecho a la compatibilidad de la prestación tenga efecto des de la fecha de inicio de tal actividad. Transcurrido el plazo de 15 días el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad.

Si lo desean pueden contactar con Contem assessors para valorar su situación particular y ver cuál es la opción más recomendable en cada caso para facilitar el inicio de la nueva actividad.

 

Tributación inmuebles propiedad de no residentes

Si usted tiene la condición de no residente en España y es propietario de algún inmueble urbano situado en este país, estará sometido al Impuesto
sobre la Renta de no Residentes y a un tributo de carácter local, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Además, con carácter temporal, se ha restablecido el Impuesto sobre el Patrimonio.

Cuando un inmueble sea propiedad de un matrimonio o de varias personas, cada una de ellas es un contribuyente independiente, por lo que deberán presentar declaraciones separadas.

Dependiendo del destino del inmueble, las rentas sometidas a gravamen son Rentas imputadas de bienes inmuebles urbanos de uso propio o Rendimientos de inmuebles arrendados.

En todo caso el no residente que disponga de inmuebles en territorio español deberá tributar por los mismos, dependiendo del uso o rendimiento que obtenga del mismo, así com en función del país de residencia del propietario, la tributación variará significativamente.

En caso de obtener rendimientos por alquiler del mismo como apartamento turístico le invitamos a consultar nuestro post sobre la tributación en la actividad de alquiler de apartamentos turísticos.

En caso de necesitar que valoremos su situación, no dude en contactar con Contem assessors.

Tributación alquiler de apartamentos turísticos

Se considera arrendamiento para uso diferente de vivienda, aquél arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno diferente que de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

Por tanto, cuando se produzca la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializado o promocionado en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa se tratará de un alquiler turístico, que se someterá a un régimen específico, derivado de la normativa sectorial, según establece el art.5 e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos urbanos.

En los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo que es el denominado alquiler turístico y se ha de diferenciar de los servicios que presta la industria hotelera.

La diferencia de consideración de esta actividad afecta a diferentes impuestos.

Con carácter general, los rendimientos derivados del alquiler de apartamentos turísticos tendrán la consideración de rendimientos del capital inmobiliario. Para que proceda esta cualificación, el alquiler se ha de limitar a la simple puesta a disposición de un inmueble durante un periodo de tiempo, sin que vaya acompañado de la prestación de servicios propios de la industria hotelera. Como ejemplo, no se consideran como tales: los servicios de limpieza realizados antes de la llegada de los inquilinos o después de la salida de estos o la entrega y recogida de llaves en el momento de la entrada y salida de los clientes.

En cuanto al IVA, si el servicio se considera que forma parte de la industria hotelera, lleva IVA, en cambio el denominado alquiler turístico de una vivienda está exenta de IVA: Los servicios prestados determinaran que sea considerado uno u otro tipo de actividad.

Cuando los propietarios de la vivienda sean no residentes, también deberán de pasar cuentas con la AEAT, presentado sus declaraciones correspondientes y liquidando sus impuestos.

Así pues, para saber que impuestos son aplicables y que gastos se pueden deducir, hace falta hacer un estudio de cada uno de los casos, ya que pueden diferir de manera significativa entre ellos.

Si lo desean desde Contem assessors podemos valorar su caso y darle el soporte necesario para cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.

IAE Impuesto sobre actividades económicas.

Tienen la obligación de presentar declaración del IAE todas las entidades que lleven a cabo una actividad económica cuando ellas, o el grupo al que pertenecen, hayan obtenido un importe neto de su volumen de negocios igual o superior a 1.000.000 de euros durante el siguiente periodo:

  1. Si son sujetos pasivos para el Impuesto de sociedades o para el Impuesto sobre la renta de no residentes, en el ejercicio cuya declaración se tenga que presentar reglamentariamente durante el año inmediato anterior al del devengo del IAE.
  2. Si son sociedades civiles o entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en el penúltimo año anterior al del devengo del IAE.

El concepto de grupo de sociedades, al efecto de la determinación del importe neto del volumen de negocio aplicable al IAE, está regulado en el artículo 42 del Código de Comercio y comprende aquellos supuestos en los que existe, entre dos o más sociedades vinculadas entre ellas, un control de una sobre las otras, cosa que se presume cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de una entidad son a la vez miembros del órgano de administración o de altos directivos de otra entidad.

Las declaraciones de alta, baja y variación, cuando se ha de tributar por cuota municipal en un municipio cuya gestión censal la lleva a cabo este Organismo por delegación, se ha de hacer en el impreso propio de la ORGT.

La declaración de alta produce un doble efecto:

  • La liquidación correspondiente al periodo impositivo a que se refiere la declaración.
  • La inclusión en las sucesivas matrículas anuales, hasta que el contribuyente presente declaración de baja por cese de la actividad o por inicio de exención.

La deuda tributaria es el resultado de sumar la cuota tributaria y el recargo provincial.

La cuota tributaria municipal es igual a la cuota de la tarifa multiplicada por el coeficiente de ponderación legalmente establecido y, en su caso, por el coeficiente de situación fijado en la correspondiente ordenanza fiscal municipal.

Las declaraciones de alta y de baja por inicio o cese de una actividad, así como las de variación de datos, se han de presentar dentro del mes siguiente a la fecha de inicio, cese o variación, respectivamente.

Las declaraciones de alta y de baja en matrícula por fin o inicio de exención, respectivamente, se han de presentar dentro del mes de diciembre del año anterior al de la matrícula en la cual han de tener efectos.

Las declaraciones de m² de terrenos o de edificación vendidos en la actividad de promoción inmobiliaria, o de número de espectáculos, se han de presentar dentro del mes de enero del año posterior en el que se han realizado, excepto cuando se produzca el cese en la actividad, supuesto en el que se presentaran estas declaraciones conjuntamente con la declaración de baja en la actividad y en el plazo de presentación de esta última.  t

Fuente DIBA