El caso gira en torno a una ponencia de valores catastrales<\/b> (es decir, la valoraci\u00f3n oficial que sirve de base, entre otras cosas, para calcular impuestos). Una empresa consigui\u00f3 una sentencia firme del TSJ del Pa\u00eds Vasco que anulaba la ponencia aplicada a un Bien Inmueble de Caracter\u00edsticas Especiales y ordenaba retrotraer las actuaciones para rehacerla correctamente.<\/p>\n
Si una ponencia est\u00e1 mal, se anula y la Administraci\u00f3n tiene que rehacer el trabajo. El problema vino despu\u00e9s, ya en la fase de ejecuci\u00f3n de esa sentencia. En vez de limitarse a rehacer la ponencia conforme a lo ordenado, la Administraci\u00f3n aprob\u00f3 una nueva ponencia<\/b>, pero adem\u00e1s la notific\u00f3 diciendo que tendr\u00eda efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020, o sea, desde la misma fecha en que hab\u00eda empezado a aplicarse la ponencia anulada.<\/p>\n
La empresa entendi\u00f3 que eso era pasarse de la raya y promovi\u00f3 un incidente de ejecuci\u00f3n<\/b> diciendo, en esencia, que la Administraci\u00f3n estaba aprovechando la ejecuci\u00f3n para imponer efectos hacia atr\u00e1s<\/b> que no estaban en el fallo. El TSJ no le dio la raz\u00f3n, y por eso la empresa acudi\u00f3 al Tribunal Supremo (TS).<\/p>\n
El TS estima el recurso, recuerda que una sentencia firme debe cumplirse en sus propios t\u00e9rminos<\/b>, y que en ejecuci\u00f3n no se pueden introducir cargas, condiciones o consecuencias nuevas que el fallo no haya previsto. Por eso, concluye que no cabe<\/b> que la Administraci\u00f3n, en esa fase, apruebe una nueva ponencia con retroactividad<\/b> apoy\u00e1ndose en una interpretaci\u00f3n estricta del art. 39.3 de la LPAC. Hacerlo vulnera la intangibilidad de la sentencia firme y el derecho a la tutela judicial efectiva<\/b>. En consecuencia, el TS anula lo resuelto en ejecuci\u00f3n en cuanto avalaba esa retroactividad y declara nulos los actos administrativos<\/b> en ese punto.<\/p>\n
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